Este miércoles 5 de agosto, en la sede de la Universidad del Museo Social Argentino, se llevó a cabo la jornada sobre Derecho Penal Juvenil: “La Ley 27.801 y los desafíos que enfrenta el Poder Judicial de la CABA”. La actividad tuvo como objetivo reflexionar y analizar los desafíos que enfrentará el Poder Judicial porteño frente a la aplicación de la nueva ley de responsabilidad penal juvenil.

La consejera Rocío López Di Muro participó de la apertura de la actividad que se realizó en el salón auditorio Garbarini Islas de la UMSA junto a la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño, Marcela De Langhe, el director de la Diplomatura en Derecho Penal Juvenil de la Universidad, Enzo Finocchiaro y el decano de la Facultad de Derecho de la UMSA, Mariano Cuneo Libarona. En la misma, la consejera resaltó que “desde el Consejo este es un tema que se trabaja todos los días con el impulso de la presidenta Karina Leguizamón, que tiene un especial interés en la materia”. Al respecto, López Di Muro afirmó: “Estas Jornadas nos convocan desde la necesidad de reflexionar sobre cómo se debe preparar el Poder Judicial de la Ciudad frente a esta nueva ley y también comprender que implicancias institucionales tendrá la misma, con la particularidad de darse en un momento en el que se firmó un acuerdo de transferencia en materia penal juvenil de Nación hacia la CABA”.

En otro sentido, la consejera y jueza de Primera Instancia del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas, destacó: “La sanción de la Ley 27.801 es uno de los cambios más relevantes que experimentó la Justicia de la Ciudad en la materia pero es necesario reconocer que, frente a este nuevo escenario, nuestra Justicia no arranca desde cero, dado que ya contamos con la Ley 2451 con el Régimen Procesal Penal Juvenil en nuestra jurisdicción”. Sobre ello, la consejera informó que el Poder Judicial no solo cuenta con un arduo trabajo administrativo sino que se cuenta con tres juzgados penales juveniles con magistradas especializadas en la materia, con fiscalías y defensorías especializadas, con la intervención del Ministerio Público Tutelar y, en la Cámara de Casación, con dos secretarías: una especializada en infancias y adolescencias y otra jurisdiccional en materia penal juvenil.

Por su parte, la jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Marcela De Langhe, planteó los diferentes escenarios sobre las modificaciones que conlleva la nueva norma y analizó la Ley desde un enfoque federal. “El sistema penal juvenil actual debe estar diseñado, no solo para juzgar la responsabilidad de los adolescentes, sino para ofrecer herramientas de intervención que apunten a la reintegración social, y esta ley trae algunas novedades al respecto” resaltó De Langhe. En ese sentido, De Langhe reconoció que “el éxito de las leyes pasa por la implementación que se hace de las mismas y ese proceso, en este caso, plantea algunos interrogantes”. Durante su ponencia, la jueza del Tribunal propuso repensar que la legislación de la Ciudad está a la vanguardia con reconocimiento de derechos y garantías procesales.