El cambio en el esquema de acceso al Ecoparque de Buenos Aires marcó un punto de inflexión en la política de administración de los espacios públicos de la Ciudad. En ese giro, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, impulsó la segmentación geográfica del ingreso al predio ubicado en Palermo, que desde su reconversión en 2016 funcionaba de manera completamente libre. “Prioridad porteña en el Ecoparque. No residentes pagan”, afirmó el mandatario en su cuenta de X, al anunciar la nueva modalidad.

Bajo la normativa vigente, los ciudadanos con domicilio acreditado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) conservan la gratuidad y cuentan con un acceso pensado para agilizar el ingreso mediante el escaneo de su DNI físico o a través de la aplicación MiArgentina. En cambio, quienes no residan en territorio porteño deben abonar una tarifa general de $9.871, mientras que turistas extranjeros pagan $19.741 y los menores de 12 años provenientes del exterior abonan $15.793. En términos de excepciones, el esquema mantiene únicamente gratuidades para los menores de 12 años argentinos, los mayores de 65 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

La decisión sobre el Ecoparque no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una doctrina de gestión que se profundizó con instrumentos legales específicos. En ese marco, el antecedente más amplio quedó plasmado en el Decreto Nº 142-26, firmado por Macri junto al jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, que estableció la “Prioridad Porteña” para la totalidad de la administración pública. La norma fija un orden de atención preferente para los habitantes de CABA al solicitar turnos médicos, cupos educativos, vacantes o distintas tramitaciones, consolidando así la línea política que prioriza a los residentes en servicios y prestaciones.