El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvió extender por un año la emergencia en el sistema de comisarías y alcaidías porteñas ante la persistente crisis generada por la sobrepoblación de detenidos. La medida fue oficializada mediante un decreto y busca mantener herramientas excepcionales para administrar una situación que las autoridades consideran crítica debido al constante ingreso de personas privadas de la libertad en dependencias que no fueron diseñadas para alojamientos prolongados.

Desde la administración porteña señalaron que la capacidad de las comisarías y alcaidías continúa ampliamente superada, producto de la demora en los traslados de detenidos al Servicio Penitenciario Federal. En ese contexto, remarcaron que la emergencia permite agilizar contrataciones, reforzar recursos humanos y avanzar con obras de adecuación destinadas a mejorar las condiciones de alojamiento y seguridad en los establecimientos afectados.

La prórroga se produce en medio de los reclamos que el Gobierno de la Ciudad mantiene con la Nación por la situación de los presos alojados en dependencias policiales porteñas. Las autoridades sostienen que gran parte de los detenidos deberían ser trasladados a cárceles federales y advierten que la permanencia prolongada en comisarías genera dificultades operativas, incrementa los costos del sistema y afecta el normal funcionamiento de la Policía de la Ciudad.