El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó formalmente ser reconocido como querellante en la causa judicial que investiga el derrumbe ocurrido el 3 de marzo en el complejo PROCREAR del barrio Estación Buenos Aires, en Parque Patricios. La presentación fue presentada ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, donde tramita la investigación por estrago culposo, y fue autorizada por el procurador general Martín Ocampo. En el escrito, la administración porteña argumenta que el siniestro —que provocó el colapso de una losa de 50 x 70 metros, la destrucción de decenas de autos en el subsuelo y la evacuación de más de 200 personas— tuvo un impacto directo sobre el Estado, que debió desplegar recursos extraordinarios para rescate, atención sanitaria, inspección técnica, defensa civil y seguridad.

El Gobierno porteño invocó el artículo 11 del Código Procesal Penal de la Ciudad para intervenir como “tercero coadyuvante”, figura que habilita a quien sufrió un daño propio a participar en la causa aportando pruebas, solicitando medidas y proponiendo líneas de investigación. Además pidió acceso completo al expediente y al legajo de la investigación amparándose en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Entre los objetivos explicitados figura no solo colaborar en la sanción penal de los responsables, sino también reclamar la reparación y el resarcimiento por los gastos extraordinarios que el Estado debió asumir para restablecer condiciones de seguridad y asistir a los afectados.

Según documentos judiciales y técnicos citados en la presentación, el derrumbe se habría originado en el Sector 2 del complejo, donde la empresa COSUD realizaba tareas para solucionar filtraciones reclamadas desde 2022; informes, incluido el del Cuerpo de Bomberos, detectaron desprendimientos de recubrimiento, deformaciones y problemas de vinculación estructural, además de la inusual presencia de 70 centímetros de suelo natural sobre la losa. En las últimas horas, los abogados de los damnificados solicitaron la imputación de la constructora COSUD y del Banco Hipotecario, encargado del fideicomiso que administra el proyecto, en una causa que ahora contará con la intervención activa del Estado porteño para proteger sus intereses patrimoniales y operativos.