La reciente marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT) que tuvo lugar el 11 de febrero en Buenos Aires dejó un saldo devastador, con daños estimados en $270 millones para el Gobierno de la Ciudad. Según el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, el caos generado durante la protesta, que incluyó vandalismo y destrozos en el Microcentro, requirió un significativo despliegue de limpieza y recuperación de la zona, con el retiro de 140 contenedores de basura en más de 60 calles adyacentes al Congreso.

El operativo de limpieza posterior a la movilización incluyó 120 barrenderos y varios camiones recolectores, reflejando la urgencia de restaurar el orden en una área clave de la capital. Sin embargo, la situación se tornó violenta, con la intervención de la policía y la gendarmería, resultando en al menos diez efectivos heridos y 39 manifestantes detenidos. Las escenas generadas durante la protesta, que se volvió caótica, concitan una creciente preocupación sobre el estado de la seguridad pública y la gestión de manifestaciones en la ciudad.

Mientras estos eventos se desarrollaban en las calles, el Senado debatía la reforma laboral que había motivado la movilización. A pesar de las tensiones en la calle, el oficialismo ha realizado concesiones tanto a gobernadores aliados como a la CGT, asegurando la continuidad de ciertos beneficios para los sindicatos. De esta manera, la situación se complica no solo por el impacto económico de los disturbios, sino también por el clima político que se intensifica en torno a las reformas laborales en discusión.