En el marco del 35° aniversario de la adhesión argentina a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la legisladora porteña Aldana Crucitta advirtió que “celebrar no alcanza sin un compromiso real con su cumplimiento”. Recordó que la sanción de la Ley 23.849 en 1990 marcó un cambio de paradigma al reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho, pero alertó sobre las deudas pendientes.

Crucitta destacó los avances normativos y la creación de organismos de protección, aunque subrayó que persisten problemas estructurales como la pobreza infantil, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a servicios básicos. Según datos de la UCA, más de 4 millones de niños y adolescentes sufren hoy inseguridad alimentaria, una realidad que la legisladora calificó como “inadmisible”.

En ese contexto, cuestionó el desfinanciamiento de la salud pública y la situación del Hospital Garrahan, a la que consideró un retroceso en la garantía de derechos fundamentales. “El ajuste que iba a recaer sobre la casta terminó afectando a los más vulnerables”, afirmó. Y concluyó: “La defensa de la infancia exige hechos concretos, no discursos vacíos”.