La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires expuso graves irregularidades en el Programa “Alquilar se puede” (ASP), lanzado en 2015 como política pública para facilitar el acceso a la vivienda. Según el informe, el programa nunca alcanzó la cobertura mínima prevista, careció de seguimiento de casos y evaluación de impacto, y fue transformado en sucesivas versiones con menor alcance y mayor sesgo promercado. De las miles de familias inscriptas, apenas un puñado accedió a los beneficios: en el caso de “Alquiler +Fácil”, el 96% fue rechazado.

El Auditor General Lisandro Teszkiewicz, de Peronismo x la Ciudad, denunció que “el PRO convirtió una política social fundamental en una cáscara vacía”, y que los motivos de rechazo —como antecedentes financieros o vencimientos burocráticos— resultan inadmisibles en el marco de una política social. Además, el informe revela que la mayoría de los beneficiarios se concentraron en zonas de alto poder adquisitivo, dejando sin cobertura a los barrios del sur, donde se registra el mayor déficit habitacional.

A pesar de que casi 4.000 familias quedaron excluidas, el Gobierno porteño no elaboró ningún informe de impacto ni programó metas de mejora. Teszkiewicz concluyó que “la política del PRO no está hecha para resolver problemas sociales, sino para consolidar negocios privados sin control ni transparencia”. El informe refuerza la crítica sobre la falta de voluntad política para enfrentar la crisis habitacional que afecta a miles de porteños.