El Ministerio de Justicia ha decidido, de manera “excepcional e improrrogable”, retrasar la implementación del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico. La nueva fecha de entrada en vigencia será a las 00:00 del 10 de noviembre de 2025. Además, se estableció un cronograma para el primer semestre de 2026 para otras jurisdicciones, según la Resolución 530/2025 firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona. 

La decisión, que fue publicada el 8 de agosto, busca “evitar un conflicto institucional”, dado que la Procuración General de la Nación señaló que, a su juicio, no se cumplían las condiciones técnicas, operativas y edilicias “mínimamente indispensables” para poner en marcha el sistema acusatorio en CABA. Esto ocurre a pesar de que el Gobierno afirmó que se cumplían los requisitos y ratificó el apoyo técnico y financiero proporcionado a todos los involucrados en el sistema.

La resolución ordena comunicar la decisión a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Procuración y a la Defensoría General, a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y al Ministerio de Seguridad, y remitirla al Boletín Oficial.