En una controvertida resolución tomada en un tiempo récord, la Comisión Nacional de Monumentos aprobó sin alteraciones el proyecto de demolición del icónico Luna Park, promovido por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein. 

La decisión, firmada el 6 de enero, provocó un gran revuelo ya que el estadio, declarado Monumento Histórico Nacional en 2007 y situado en un Área de Protección Histórica, tiene prohibida su demolición, así como cualquier alteración en su volumen original. No obstante, el proyecto contempla un aumento en su capacidad del 53%, pasando de 8.400 a 13.000 espectadores. Este plan arquitectónico es respaldado por DF Entertainment, la compañía de Finkelstein, que posee la concesión del estadio por un periodo de 40 años. Dentro del acuerdo, el empresario se comprometió a abonar un millón de dólares al Arzobispado al hacerse cargo de la gestión, además de un canon anual del mismo importe. 

La determinación de la Comisión, que está bajo la supervisión de la Secretaría de Cultura de la Nación, fue promovida por su presidenta, Mónica Capano, y por Juan Vacas, vocal del organismo y actual subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, quien responde políticamente al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El proceso de aprobación, que solo tomó dos meses, se desarrolló durante el receso vacacional, lo cual despertó sospechas. Procesos similares suelen tardar meses o incluso años. En este momento, la decisión final queda en manos del Gobierno de la Ciudad y del papa Francisco, quien debe otorgar su aprobación conforme al contrato de concesión.

Organizaciones como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler han denunciado la iniciativa, solicitando acceso al expediente y al acta de aprobación sin obtener respuesta. Aseguran que la modernización del estadio puede llevarse a cabo sin infringir las normativas de protección patrimonial ni comprometer su valor histórico.