Los legisladores de la Ciudad debatirán este jueves las modificaciones al Código Urbanístico, en base a un proyecto del Poder Ejecutivo que fue considerado y adecuado en la comisión parlamentaria de Planeamiento Urbano.
La iniciativa oficialista “busca generar equilibrio urbano en tres escalas”, según los fundamentos del despacho de comisión, y explica: “a nivel ciudad, impulsando el desarrollo del sur y consolidando la zona norte; a nivel barrial, con el ajuste de alturas priorizando las escalas barriales y a nivel manzana, ajustando pisadas y alturas, principalmente ampliando el Centro Libre de Manzana en las Unidades de Edificabilidad de Altura Baja, respondiendo a las demandas vecinales”.
“La Ciudad necesita una densidad mejor distribuida y un desarrollo urbano más equilibrado, que preserve la identidad barrial y se contemple el entorno, el proyecto propicia la modificación de las unidades de sustentabilidad de baja densidad, la modificación de las planchetas de edificabilidad y usos, la sustitución del instrumento de desarrollo territorial, modificaciones de texto, gráficos y distintos niveles de protección patrimonial de inmuebles”, detallan los fundamentos.
El proyecto procura incorporar nuevos conceptos generales y definiciones, modificar o eliminar determinados trámites o certificados, se complementan regulaciones sobre usos del suelo, se plantean ajustes en cuanto a parcelamiento, cesiones de espacio público, se determinan precisiones sobre normas de edificabilidad y otras variadas cuestiones de urbanización y usos singulares o áreas especiales.
Las modificaciones propuestas se trataron en la Comisión de Planeamiento Urbano, llevándose a cabo 6 reuniones de diputados y 5 reuniones de asesores, en la cuales se recibieron observaciones. Participaron vecinos, asociaciones vecinales y organizaciones profesionales. A lo largo de estos encuentros se hicieron ajustes al proyecto original en base a demandas de los ciudadanos y el trabajo de los diputados.
El otro tema de importancia, de la sesión de este jueves es una resolución para aprobar el acta acuerdo suscripta entre el gobierno de la Ciudad y el Estado nacional, el pasado 3 de septiembre, sobre la transferencia de las competencias, regulación, control y fiscalización del servicio público de transporte automotor de pasajeros. Implica el manejo estratégico de las 31 líneas de buses urbanos, micros o colectivos que circulan estrictamente dentro del territorio capitalino. |