La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe que revela diversas irregularidades en los contratos de basura en la Dirección General de Limpieza del GCBA (DGLIM). El informe evidencia fallos significativos en la ejecución y administración de estos contratos.
 
La DGLIM, dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, es responsable de la planificación y el control del saneamiento urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Su labor incluye la supervisión de la recolección de residuos sólidos urbanos, tanto húmedos como secos. En este contexto, se lleva a cabo la Licitación Pública Nacional e Internacional No 997/2013, uno de los procesos licitatorios de mayor envergadura de la ciudad que en el año auditado significó la suma de más de veinticuatro mil millones de pesos.

El informe de la AGCBA señala que los contratos relacionados con esta licitación fueron prorrogados con todas las empresas concesionarias por un período adicional de cuatro años, sin la realización de nuevos concursos públicos ni la justificación adecuada de dichas prórrogas. Esta falta de transparencia y justificación ha sido uno de los puntos críticos señalados por el Auditor General Lisandro Teszkiewicz, quien resalta que en CABA se generan más de 8 mil toneladas de basura en un área de unas 20.000 hectáreas y que este manejo oscuro es preocupante.

La AGCBA también ha detectado que la gestión de la DGLIM y las empresas tercerizadas que brindan los servicios de recolección, barrido y limpieza de las calles, carece de organización. Se detectó que la administración de los recursos fue desprolija y existen inconsistencias en los montos certificados por las contratistas ya valores de contrato. Además se imputaron gastos ajenos a la licitación pública por más de 280 millones de pesos en el programa “Servicios de Higiene Urbana”.

Respecto a esto el Auditor General por el justicialismo, Lisandro Teszkiewicz, manifestó: “El gobierno pagó parte de los salarios de operarios de las contratistas, provisión, reposición de contenedores, entre otras cosas que debían ser pagados por las empresas, y no con la plata de los impuestos de los y las vecinas de la Ciudad”.

Y cerró: “Las deficiencias de las actas, el control de los certificados, y la falta de transparencia en la modificación de los contratos que afectan la friolera de más de 24 mil millones de pesos, demuestran la vocación del gobierno macrista de convertir todo gasto público de la ciudad en un negociado. El accionar que tiene el macrismo respecto a su discurso propagandístico de -Basura Cero- es evidente que no coincide con la realidad"