La Asesoría Tutelar de Cámara, a cargo de Gustavo Moreno, denunció al GCBA ante el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, por la sanción y aplicación del “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”.

En sus fundamentos sostiene que vulnera el procedimiento establecido en la normativa nacional de salud mental, permitiendo que sin orden judicial (privación ilegítima de la libertad), se concrete un traslado compulsivo y la realización de evaluaciones interdisciplinarias, a personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle, con fines de internaciones involuntarias.

Además establecieron: “Es arbitraria e ilegal la conducta de funcionarias/os públicas/os de un área del Poder Ejecutivo (BAP, dispositivo de alojamiento de DGAII, Policía o SAME), que por solo tomar contacto con una persona con un indicio o un cuadro compatible con un padecimiento mental y/o una situación de consumo problemático de sustancias, lleven adelante un procedimiento para el traslado compulsivo -sin autoridad pública que lo disponga-, vulnerando las garantías que el código de fondo establece homogéneamente para todo el territorio nacional”.