En el marco del 25° aniversario del Registro Público de Alimentantes Morosos, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una reforma a la ley Nº 269, en la que se destacan la implementación de nuevas herramientas de control, la sensibilización sobre la responsabilidad alimentaria y la aplicación de mecanismos más ágiles para la ejecución de deudas alimentarias.

Las personas inscriptas por orden judicial en el Registro Público de Alimentantes Morosos enfrentarán restricciones y sanciones más significativas con el objetivo de reforzar el cumplimiento de sus obligaciones. De esta forma, no podrán obtener licencias de conducir definitivas, acceder a cargos jerárquicos, postularse a cargos electivos en la Ciudad, realizar operaciones notariales sobre bienes inmuebles o muebles registrables, ni asistir a eventos masivos, como partidos de fútbol o recitales con más de 5.000 personas.

La reforma impulsada por el Ministerio de Justicia del Gobierno de la Ciudad y la legisladora Inés Parry también amplía las funciones del Registro, incorporando herramientas que facilitarán el cobro de deudas y promoverán la concientización ciudadana a través de campañas, talleres y cursos de sensibilización. Además, se acortaron los plazos para la inclusión de los deudores en el Registro, acelerando los procedimientos judiciales y administrativos.

Otra novedad es la introducción de la figura de la responsabilidad solidaria para los empleadores que omitan informar sobre relaciones laborales con personas incluidas en el Registro, lo que garantizará una mayor eficacia en el cumplimiento en el cobro de las deudas alimentarias.