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Mirando el 2021 Miercoles, 21 de Octubre de 2020  
Larreta apura en la Legislatura un paquete de leyes anti corrupción 
El jefe de Gobierno porteño busca que para el 2021, año electoral, la Ciudad cuente con normativas que prevengan e investiguen actos de corrupción por parte de los funcionarios.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aceleró el tratamiento en la Legislatura de un paquete de proyectos que impulsan la creación de una Oficina Anticorrupción, un régimen de "integridad pública" para funcionarios y la incorporación de una cláusula de "ficha limpia" que impida candidaturas electorales de personas condenadas por delitos contra el Estado.

Los expedientes fueron presentados a inicios de año por distintos diputados del oficialismo y de los bloques aliados y comenzaron esta semana a analizarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento porteño con la intención de que lleguen al recinto en noviembre para su sanción.

La idea, indicaron fuentes parlamentarias, es que para el 2021, año electoral, la Ciudad cuente con un conjunto de normativas que prevengan e investiguen actos de corrupción por parte de los funcionarios. 

En rigor, en la Ciudad existen leyes para garantizar la transparencia de la gestión de los asuntos públicos, como la de Acceso a la Información y de Ética Pública, pero la intención de crear una Oficina Anticorrupción nunca logró avanzar pese a que el primer proyecto en ese sentido data del 2005.

De los proyectos en debate, dos de ellos contemplan la creación de la Oficina Anticorrupción y fueron presentados por las legisladores Natalia Fidel, de Vamos Juntos; e Inés Gorbea, de UCR-Evolución, que plantean -con matices- la conformación del organismo.

La primera propuesta de Fidel procura un organismo que autarquía financiera y autonomía funcional, a cargo de un director que cumpla, entre otros requisitos, "tener buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso" y que durará en su cargo 5 años postulado por el Poder Ejecuivo con acuerdo de la Legislatura.

"El combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social. La corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos", aseguró la legisladora.

El proyecto de Gorbea, en tanto, dispone entre las funciones de la Oficina la de "investigar hechos que pudieren configurar presunto enriquecimiento ilícito o irregularidades en el manejo de los fondos reservados por los funcionarios públicos".

También, podrá "evaluar la información que difundan los medios de comunicación social sobre presuntas irregularidades relacionadas con el ámbito de sus funciones y en su caso, realizar la investigación preliminar correspondiente".

"A diferencia de las provincias de San Luis, La Pampa, Mendoza, Jujuy, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe y  Córdoba, la Ciudad no ha logrado avanzar en la creación de un organismo que se encargue de combatir la impunidad frente a hechos de corrupción", remarcó Gorbea.

Paralelamente, la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene previsto tratar otros dos proyectos -de los legisladores de GEN Sergio Abrevaya y de Vamos Juntos Cecilia Ferrero- para la conformación de un régimen de integridad pública tendiente a "regular los principios éticos, deberes, incompatibilidades, mecanismos de gestión de conflictos de intereses y sanciones que rigen en el ejercicio de la función pública, aplicables a los funcionarios públicos sin excepción".

"Es fundamental que los servidores públicos, entendiendo por éstos a aquellas personas que ocupan un cargo público y sirven al Estado lleven a cabo un comportamiento ejemplar", dijo Abrevaya.

Y agregó que "la corrupción es uno de los problemas más importantes que afectan a la república y a las democracias modernas e impacta de manera grave en la calidad de la gestión pública, provocando un detrimento en la acción estatal".

Por último, los asesores de los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales iniciaron la semana pasada el intercambio de posturas en torno al proyecto del legislador del oficialismo Gastón Blanchetiere para incorporar al Código Electoral de la Ciudad un artículo con la denominada cláusula de "ficha limpia".

La redacción dispone una serie de impedimentos para las postulaciones de precandidatos a cargos electorales de personas con procesamiento firme y condenados en delitos contra el Estado.

Por ejemplo, el proyecto menciona los delitos contemplados de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y fraude en perjuicio de la administración pública.


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