El jueves en el Salón Plenario “Dr. Enzo Pagani”, se realizó la firma de la carta de intención y cooperación en materia de Justicia Abierta entre la Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras y el Consejo de la Magistratura porteño. El documento estuvo firmado por la presidenta del Consejo, Karina Leguizamón, acompañada por la consejera, Gabriela Zangaro, y por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Lizette Ráquel Obando, quien estuvo acompañada por las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Marlina Dubon Villeda y Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, y el asistente de Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Hondura, Rafael Leonardo Melara Ráquel.

A su vez estuvieron presentes representantes de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, que se aboca al fortalecimiento de las instituciones jurídicas y judiciales, en pos de que la justicia sea fuerte, independiente y efectivo para fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho.

La presidenta del Consejo, Karina Leguizamón, resaltó la importancia de la firma del documento y expresó: “Es un honor recibir a los representantes de la Corte Suprema de Honduras y poder entablar estas conversaciones en materia del Acceso a la Justicia y Gobierno Abierto para lograr una mayor transparencia y efectividad a la hora de acercar la justicia a la ciudadanía ”.

Dicho acuerdo tiene como función el fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas instituciones convencidas de las necesidades de respetar las instituciones democráticas y los principios de justicia, promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, comprendiendo que el fortalecimiento de dicha amistad contribuirá a los intereses de ambas naciones como la paz, la estabilidad y la seguridad.

En ese sentido, ambas partes firmantes favorecerán los contactos a todo nivel, el intercambio de opiniones incluyendo la organización de las consultas jurídicas y técnicas, con el objetivo de aumentar la cooperación y la coordinación bilateral de su actividad a los efectos de fortalecer la justicia abierta, el derecho de acceso a la información publica, la transparencia y la participación ciudadana.