Luego de una acción de amparo iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ),  conjuntamente con la UBA, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a “acompañar a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción en instituciones educativas de gestión privada”.

La solución acordada entre las partes, en el marco de un expediente iniciado en 2019, compromete a la administración local a “orientar a las escuelas para que el proceso de matriculación se realice respetando el derecho a la educación inclusiva”.

Además, establece disponer “canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de matriculación y rematriculación” de niños con discapacidad.

El acuerdo, homologado por el Poder Judicial, establece la obligación por parte del GCBA  de “implementar un protocolo para gestionar dichas denuncias e imponer sanciones ante prácticas discriminatorias”. 

La normativa vigente obliga al Estado a asegurar el derecho a la educación inclusiva, pese a lo cual “las personas con discapacidad continúan siendo rechazadas en el ingreso a las escuelas comunes, lo que las obliga a asistir a otras escuelas lejanas a sus hogares o a escuelas especiales, y en ocasiones incluso las condena a la desescolarización”, advirtió la organización.